Data Act: en enero de 2027 salir de la nube será gratis; mudarte, no

El 12 de enero de 2027 tu proveedor de nube deja de poder cobrarte por marcharte. Es una buena noticia y es real: está en el artículo 29 del Data Act europeo. Es también la buena noticia más pequeña de todo este asunto, porque la factura de salida nunca fue lo caro de salir.

Gestionamos a diario infraestructura de clientes que vive repartida entre nuestros datacenters y plataformas de terceros, y en cualquier mudanza de una plataforma el presupuesto no se lo lleva sacar los datos: se lo lleva rehacer lo que estaba montado encima. El reglamento que se remata en enero no toca esa parte. Ni lo pretende.

Qué dice exactamente el artículo 29

El Reglamento (UE) 2023/2854 —el Data Act— lleva aplicándose desde el 12 de septiembre de 2025, según su propio artículo 50. La supresión de los gastos de cambio va aparte y por fases. El apartado 2 permite cobrar, entre el 11 de enero de 2024 y el 12 de enero de 2027, unos gastos reducidos que el apartado 3 limita a los costes en que el proveedor incurra directamente ligados al proceso. Y el apartado 1 pone la fecha de caducidad a todo eso: «From 12 January 2027, providers of data processing services shall not impose any switching charges on the customer for the switching process».

Conviene leer también la definición, porque ahí está el primer recorte. El artículo 2, punto 36, define los gastos de cambio como los cargos «other than standard service fees or early termination penalties». Traducido a la factura: lo que desaparece es el peaje de salida. La tarifa normal del servicio sigue corriendo mientras dure el traspaso, y la penalización por rescisión anticipada, si firmaste permanencia, sigue siendo tuya. Gratis no significa «sin factura»: significa que no pueden inventarse una factura nueva por el hecho de irte.

Esto ya pasó en 2024, y por eso el titular engaña

Hay que decirlo pronto, porque si no este post parece una noticia de hace dos años. Si tu nube es una de las tres grandes, a ti ya no te cobran por salir: Google abrió la veda en enero de 2024 y AWS lo anunció el 5 de marzo de ese mismo año, con Microsoft sumándose a Azure pocos días después. La prensa del sector lo contó entonces sin disimulo —fue una respuesta al reglamento europeo que ya venía—, y en nuestra cuenta a cinco años entre colocation y nube pública ya lo dábamos por hecho.

Lo que cambia en enero, entonces, no es el importe: es la naturaleza de esa gratuidad. Lo de 2024 son programas de créditos con condiciones y con solicitud de por medio: hay que pedirlo, hay que encajar en el supuesto y, en los casos de Google y de Azure, hay que cerrar la cuenta —en Azure, además, completando la mudanza en sesenta días—. Es una política comercial, y una política comercial se cambia cuando el que la escribió quiere. A partir del 12 de enero de 2027 pasa a ser una obligación legal sin condiciones, y sobre todo deja de ser cosa de tres empresas: alcanza a los cientos de proveedores medianos y pequeños que nunca anunciaron nada, que son exactamente con los que trabaja buena parte de las pymes de este país.

La palabra que decide todo es «mínimo»

El concepto que sostiene todo el capítulo es la equivalencia funcional: la idea de que, después de cambiarte, aquello siga haciendo lo mismo. La definición del artículo 2, punto 37, conviene leerla entera y no en el trozo que a cada uno le viene bien, porque cada mitad tira para un lado: equivalencia funcional es «re-establishing, on the basis of the customer's exportable data and digital assets, a minimum level of functionality in the environment of a new data processing service of the same service type after the switching process, where the destination data processing service delivers a materially comparable outcome in response to the same input for shared features supplied to the customer under the contract».

Ese «materially comparable outcome» es exigente y está bien que lo sea. El recorte está en las dos palabras que lo acotan: shared features. El considerando 86 lo dice sin rodeos: a un proveedor solo se le puede pedir que facilite la equivalencia funcional «for the features that both the source and destination data processing services offer independently». Traducido: lo que hace el origen y el destino no hace, queda fuera por definición. Y esa es, casualmente, la lista exacta de lo que te retiene.

Y ni siquiera ese mínimo acotado es para todo el mundo. Leído en la práctica —esta lectura es nuestra, el artículo no se estructura así—, el artículo 30 funciona en dos niveles y un suelo, y la distancia entre el primero y el último es la distancia entre una mudanza y que te devuelvan las cajas:

Falta el recorte final, que está en el apartado 6 y que casi todos los resúmenes dejan a medias: el proveedor no tiene que revelar ni transferir activos digitales protegidos por derechos de propiedad intelectual ni los que constituyan un secreto empresarial, ni comprometer la seguridad para conseguirlo, ni desarrollar tecnologías o servicios nuevos. Lo del secreto empresarial es la puerta ancha de verdad, porque no hace falta registrar nada para invocarlo. Y es, a la vez, exactamente el sitio donde vive lo que te ata: el motor de reglas, el modelo de datos propietario, el conector que alguien programó contra una API que solo existe ahí.

Que un derecho de exportación sobre el papel y una salida de verdad no son lo mismo ya lo contamos con un caso concreto en el cierre de Project Online: allí lo que faltaba no era la ley, era la licencia activa necesaria para poder pulsar «exportar». El Data Act arregla el precio de esa puerta. No garantiza que al otro lado haya una casa montada.

El multicloud sigue pagando peaje, y está escrito

Aquí hay un matiz que se pierde en casi todos los resúmenes y que va a doler en la factura de alguien. Los considerandos del reglamento distinguen entre la salida de datos puntual que forma parte de un cambio y la salida continua que se produce cuando usas dos servicios a la vez. Y dicen, con todas las letras, que los proveedores «should therefore continue to be able to impose data egress charges, not exceeding the costs incurred, for the purposes of in-parallel use».

Ahora piensa en cómo se hace de verdad una migración que no puede parar el negocio: replicando, conviviendo, cortando por trozos, durante meses. Eso, mirado desde la factura, no es un cambio: es un uso en paralelo. La salida limpia del capítulo VI describe una operación que casi nadie puede permitirse ejecutar de golpe. La forma prudente de trabajar es exactamente la que no está cubierta.

Los plazos que sí puedes exigir hoy

Esta es, para nosotros, la parte útil del reglamento, y no la que sale en los titulares. El artículo 25 obliga a que el contrato lleve unos plazos concretos, y son plazos que puedes poner encima de la mesa antes de enero:

Súmalos y sale el dato que de verdad sirve para planificar: entre el preaviso y la transición, cambiar de proveedor es un proyecto de entre tres y nueve meses, y eso contando solo los plazos que fija la ley. Nueve tampoco es un techo: la ampliación del periodo transitorio la decides tú y no tiene tope escrito. Si la renovación es en junio, la conversación se empieza ahora, no en mayo. El otro artículo que conviene mirar antes de confiarse es el 31, que deja fuera de varias de estas obligaciones dos categorías: los servicios hechos a medida para un cliente concreto y no ofrecidos a escala comercial amplia, y las versiones no productivas de prueba y evaluación. Si tu plataforma crítica es un desarrollo a medida, no des por hecho que te cubre.

El simulacro de salida: cronómetro en mano

Con las copias de seguridad aprendimos hace años que un backup que no se restaura no existe. Con la nube pasa lo mismo y casi nadie lo aplica: una salida que no se ensaya no es una salida, es una cláusula. Esto es lo que hacemos, y se puede hacer sin nosotros:

El ejercicio se parece mucho al que proponemos cuando alguien nos dice que su nube es resiliente porque está en varias zonas: lo escribimos en tu nube aguanta perder una zona, no una región. La pregunta es la misma en los dos casos y es incómoda por la misma razón: no se contesta leyendo el contrato, se contesta probándolo.

Y no, esto no es una invitación a irte

Sería muy cómodo terminar este post diciendo que en enero se abre la jaula y que hay que salir corriendo hacia el hierro propio. No lo vamos a decir, entre otras cosas porque no es verdad. Si tu carga es de verdad elástica —picos de temporada, campañas, cargas que existen tres semanas al año—, la nube pública sigue siendo la respuesta correcta y la seguiremos recomendando. Si tu equipo de sistemas son dos personas y ya van cortos, meter hierro propio sin un contrato de operación detrás es cambiar una factura por una guardia.

Lo que cambia en enero no es la respuesta: es que por fin puedes hacerte la pregunta sin que la conteste una tarifa. Cuando echamos la cuenta a cinco años entre colocation y nube pública, lo que inclinaba la balanza casi nunca era el precio por hora: era la estabilidad de la carga y quién la iba a operar. Ese cálculo sigue siendo el mismo el 12 de enero de 2027, solo que ahora una de las variables —el peaje de salida— pasa a valer cero, y eso deja ver mejor las otras.

Gratis no es lo mismo que fácil

En enero de 2027 desaparece una línea de factura que los tres grandes ya habían quitado por su cuenta. Lo que se gana no es dinero: es que la salida deja de depender de la buena voluntad de nadie y que alcanza también al proveedor mediano con el que trabaja media pyme de este país. Lo que no se gana es tiempo. El conector que hay que reescribir sigue ahí, el mes de convivencia entre las dos plataformas se sigue pagando porque es uso en paralelo, y el inventario de qué se rompe al mover las cosas sigue sin hacer. Si mañana pudieras salir gratis, ¿cuánto tardarías? El día que sepas contestar eso con un número, la conversación con tu proveedor la llevas tú.

Fuentes (verificadas el 25-09-2026 sobre el articulado del Reglamento (UE) 2023/2854, Data Act): supresión gradual y prohibición de los gastos de cambio, e información precontractual — artículo 29; equivalencia funcional solo para infraestructura, interfaces abiertas para el resto, exportación en formato estructurado y el límite de la propiedad intelectual — artículo 30; preaviso, periodo transitorio, ampliación, siete meses, 14 días hábiles y recuperación de datos — artículo 25; definiciones de gastos de cambio (2.36), equivalencia funcional (2.37), datos exportables (2.38) y activos digitales (2.32) — artículo 2; exenciones de servicios a medida y versiones no productivas — artículo 31; fecha de aplicación del reglamento — artículo 50; equivalencia funcional limitada al modelo IaaS y a las shared features — considerando 86; cargos de egress para uso en paralelo, «Providers of data processing services should therefore continue to be able to impose data egress charges, not exceeding the costs incurred, for the purposes of in-parallel use after three years from the date of entry into force of this Regulation» — considerando 99. Las retiradas de tarifas de salida de 2024 y sus condiciones, según la prensa especializada del momento: SiliconANGLE (AWS, 05-03-2024) y CIO Dive (Azure). Las citas entrecomilladas se reproducen en el inglés del texto publicado para no alterar su sentido. El rango de «tres a nueve meses» es una suma nuestra de los plazos del artículo 25 (dos meses de preaviso más 30 días de transición, o hasta siete meses si el proveedor alega inviabilidad técnica), no una cifra que aparezca en el reglamento. Este post explica cómo nos afecta el reglamento en la práctica técnica: no es asesoramiento jurídico.