Centros de datos: cinco años de margen a cambio de desconectar primero y sin cobrar

El titular fue que el Gobierno afloja: el decreto de centros de datos sube su umbral general de 1 a 10 megavatios y con eso la mayoría de salas de este país se quedan fuera. Es cierto. Lo que no cabía en el titular es qué se paga por la otra mitad del alivio. El texto revisado que entró en el Consejo de Estado da cinco años de rampa para llegar al 80 % de renovables hora a hora, y a quien se acoge a esa rampa le pide a cambio habilitarse para el Sistema de Reducción Automática de Potencia: Red Eléctrica puede dejarle sin suministro cuando el sistema lo necesite, sin pagarle nada por ello, y antes que a cualquier otro tipo de consumidor. Si tus servidores viven alquilados en una sala ajena, ese párrafo te afecta aunque tu nombre no salga en ninguna parte del decreto.

Dónde está la norma hoy, exactamente

Se llama proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, y desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. El Ministerio para la Transición Ecológica lo sometió a audiencia e información pública del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2026 —el plazo acababa el día 4 y se amplió una semana—. Esa versión es la que se puede leer entera y de la mano del ministerio.

La segunda versión, la revisada, se remitió al Consejo de Estado el 26 de octubre de 2026 y con carácter de urgencia. Esa no es pública: lo que se sabe de ella viene de la información publicada esos días y de los análisis jurídicos que la han leído. El objetivo declarado es aprobarla en Consejo de Ministros antes del 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales, y la norma entraría en vigor a los veinte días de publicarse en el BOE. Lo decimos por delante porque condiciona todo lo que viene después: a día de hoy esto es un borrador.

Lo que se movió en ocho semanas

Entre la versión de agosto y la de octubre cambiaron casi todos los números que un responsable de infraestructura usaría para decidir algo:

• Umbral general de aplicación: de 1 MW de potencia de acceso a 10 MW.
• PUE transitorio: de 1,15 a 1,25, para instalaciones con contrato de acceso formalizado antes del 1 de enero de 2029 y hasta el 31 de diciembre de 2031.
• Ventana de adicionalidad renovable: de 18 a 36 meses.
• Duración mínima de los PPA: de 10 a 6 años, y se admite el almacenamiento en baterías como respaldo.
• Lo que no se movió: el 80 % de renovables con correlación horaria como destino, el WUE en el nivel más alto del etiquetado europeo de eficiencia hídrica, y la obligación de reporte desde 500 kW de potencia de TI, que sigue donde estaba.

Hay una ironía ahí: escribimos en agosto que el decreto se decidía en el PUE, y el PUE es justo uno de los cuatro números que se han movido. Esa lista es la razón de que las seis preguntas con las que acaba este post no dependan de ninguna de esas cifras. Cuatro de los cinco parámetros que mandan cambiaron en ocho semanas, y queda por delante el dictamen del Consejo de Estado. Lo que sí aguanta es la forma del trato, y esa es la parte interesante.

El peaje de la rampa

El 80 % de renovables hora a hora, desde el primer día, es muy difícil de cumplir. Por eso el texto revisado abre una puerta: un régimen transitorio de cinco años, con una rampa que empieza en el 60 % en horas punta (P1) hasta el 31 de diciembre de 2028, sube al 70 % en P1 entre 2029 y 2031 —con un mínimo también en horas llano (P2)— y aterriza en el 80 % con correlación horaria a partir de 2031. El porcentaje exacto de P2 es, de hecho, el único dato de todo este artículo en el que las fuentes que lo han publicado no coinciden entre sí, así que lo dejamos sin cifra.

La puerta tiene peaje. Los centros que opten por esa transición gradual deberán habilitarse para participar, sin retribución, en el Sistema de Reducción Automática de Potencia —el SRAP— que gestiona Red Eléctrica. En castellano llano: el operador del sistema puede interrumpirles el suministro cuando las necesidades de la red lo requieran. Y hay un segundo filo: la gran industria electrointensiva que participa en ese mismo mecanismo sí cobra por hacerlo. Los centros de datos no, y además serían, según la información publicada sobre el texto, la primera tipología de instalación en ser desconectada.

Esto no es sostenibilidad: es un parámetro de tu RTO

Llevamos tiempo repitiendo la misma frase: el fallo es inevitable, la avería es una decisión de diseño. Un corte programado por el operador del sistema es, si lo piensas, el fallo más benigno que existe —es el único del que te avisan—, y precisamente por eso es el que mejor mide la calidad real de una sala. Cuando dejas de contar cortes al año y empiezas a contarlos al mes, cuatro números que casi nadie mira pasan a primera fila:

• Las horas de autonomía de gasóleo a carga real. No a carga de catálogo, y medidas con fecha. Un depósito dimensionado para «un apagón al año» no es el mismo depósito que uno dimensionado para un mecanismo que puede activarse varias veces en un invierno tenso.
• El contrato de reposición de combustible. Con plazo comprometido y con una respuesta escrita a la pregunta incómoda: qué pasa con tu camión cuando el corte no es sólo tuyo.
• La redundancia de grupos y la última prueba con carga. No el acta de que arrancan: cuánto duró la prueba y con qué porcentaje de carga.
• El tiempo de recarga del SAI. Aquí es donde más gente se equivoca, porque el dato que todo el mundo conoce es el de descarga. Ya escribimos sobre lo que tarda un SAI en volver a estar lleno, y resumido: lo que de verdad limita cuántos cortes seguidos aguantas no es cuánto dura la batería, es cuánto tarda en estar llena otra vez.

El umbral de 10 MW no te protege: te deja fuera de la lista

Aquí hay una consecuencia que va justo al revés de lo que dicta el instinto. Una sala de 2 o 3 MW queda por debajo del umbral —el cambio deja fuera proyectos de ese tamaño que con el borrador de agosto sí entraban—, no entra en el régimen transitorio y, por tanto, no se engancha al SRAP. Una sala de cientos de megavatios está dentro y, si opta por la rampa, acepta el peaje. Durante unos años, «mi proveedor es enorme» deja de significar automáticamente «mi proveedor es más disponible» en este punto concreto. No decimos que lo grande sea peor: decimos que esta vez el tamaño juega en una dirección que no es la esperada, y que la pregunta correcta no es cuánta potencia tiene tu proveedor sino bajo qué régimen ha decidido acogerse. Y conviene acotarlo bien: eso vale para este decreto. El SRAP no nace con él y tiene otras puertas de entrada —los permisos de acceso flexible de la CNMC obligan, en su tipo 3, a estar habilitado en el SRAP durante toda la vigencia del permiso, y en el tipo 2 imponen instrucciones de limitación de potencia del distribuidor—, así que una sala pequeña puede acabar dentro por otro expediente. Lo que decimos es que este decreto no se la abre.

Lo que sí llega a todo el mundo, con umbral o sin él, es la cola de la red. El propio ministerio pone los números en la memoria del proyecto: más de 6 GW de acceso otorgados en la red de transporte desde diciembre de 2023 y otros 6 GW en distribución desde 2020, frente a los 2,5 GW de potencia de computación que la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 prevé para 2030 y que el propio ministerio traduce a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Esa diferencia entre lo pedido y lo que se espera que se use es el motivo real del decreto —ya contamos cuántos de esos megavatios están en servicio—, y es también lo que acaba moviendo el precio del kilovatio contratado en una sala. Por si hacía falta otro recordatorio de que el colocation ya no se negocia en U, se negocia en kW.

La parte que te aplica aunque tu sala tenga 30 kW

El umbral de 10 MW es el de los requisitos de sostenibilidad. Los de soberanía digital no llevan umbral: aplican con independencia de la potencia. El foco está en los centros que alojan la información más sensible del sector público —los sistemas de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad—, cuyos datos deben tratarse, almacenarse y transferirse dentro de la Unión Europea, con soporte técnico remoto desde terceros países admitido sólo cuando sea estrictamente necesario y con trazabilidad de esos accesos. El incumplimiento grave y reiterado se paga con lo único que de verdad duele en este negocio: la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red.

Si vendes software a administraciones públicas, esa es tu frase del día. Dónde vive el rack vuelve a ser una cláusula contractual y no un detalle de ingeniería, y la respuesta «está en la nube» deja de ser una respuesta.

Las seis preguntas que haríamos hoy

Nada de esto exige esperar al BOE. Son preguntas que se pueden mandar hoy por correo a quien te aloja el hierro, y todas se responden con un sí, un no o un número:

1. ¿Estáis por encima o por debajo del umbral, y pensáis acogeros al régimen transitorio y, con él, al SRAP?
2. ¿Cuántas horas de autonomía de gasóleo tenéis a carga real, y en qué fecha se midió?
3. ¿Hay contrato de reposición de combustible con plazo comprometido? ¿Qué prioridad tenéis si el corte es general?
4. ¿Cuántos grupos hay, con qué redundancia, y cuánto duró la última prueba con carga real?
5. ¿Una desconexión ordenada por el operador del sistema computa como indisponibilidad en el SLA, o queda excluida por la cláusula de fuerza mayor o de actos de autoridad?
6. ¿El PUE es un compromiso contractual y cómo se repercute si cambia el régimen aplicable?

La quinta es la que más nos interesa y la que casi nadie mira. Es perfectamente posible que tu SLA prometa cuatro nueves y que, a la vez, excluya expresamente lo que ordene una autoridad. Si el mecanismo se activa tres tardes de enero, esos cuatro nueves siguen intactos sobre el papel y tu aplicación lleva tres tardes dependiendo de un motor diésel. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y por eso conviene leerlo antes y no después.

El renglón que todavía no podemos leer

Toca decirlo claro. No hemos leído el texto que está en el Consejo de Estado, porque no es público; hemos leído entero el borrador de la audiencia de agosto, que sí lo es, y para la versión de octubre nos apoyamos en lo publicado y en los análisis jurídicos que la han manejado. El dictamen puede cambiarla otra vez. El calendario electoral puede dejarla sin aprobar. Y la propia historia de este texto —cuatro parámetros movidos en ocho semanas— aconseja no construir ninguna decisión de inversión sobre sus cifras todavía. Lo que sí se puede hacer hoy, sin esperar a nada, son las seis preguntas de arriba: ninguna depende de que el decreto llegue al BOE.

Cómo lo miramos nosotros

En everyWAN tenemos hardware propio en centro de datos y repartimos Proxmox VE con almacenamiento Ceph entre varias salas precisamente para que perder una entera sea papeleo de mantenimiento y no una llamada a las tres de la mañana. No somos resellers de ninguna plataforma y no vendemos licencias de nada; lo que vendemos es que el fallo esté previsto. Nuestro último simulacro de recuperación completa se cronometró en catorce minutos, y lo decimos como prueba de que ese número se puede medir, nunca como promesa contractual. Si este decreto acaba convirtiendo el corte de red en rutina, la pregunta de siempre —qué pasa hoy si cae una pieza cualquiera— se responde con un ensayo, no con un adjetivo. De eso van nuestro servicio de colocation y nuestro disaster recovery.

Fuentes. Consultadas el 6 de noviembre de 2026. Las fechas del trámite de audiencia e información pública (27 de agosto a 10 de septiembre de 2026, tras ampliarse el plazo inicial, que acababa el día 4), la habilitación en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026 de 20 de marzo, el umbral de 500 kW de potencia de TI para las obligaciones de comunicación, los valores transitorios de PUE 1,15 y WUE 0,1 del borrador de agosto y las cifras de acceso otorgado (más de 6 GW en transporte desde diciembre de 2023, otros 6 GW en distribución desde 2020, la proyección de 2,5 GW de computación en 2030 y su equivalencia declarada de entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica) son de la ficha de participación pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La subida del umbral general de 1 a 10 MW —que Ashurst precisa que se mide en potencia de acceso—, la rampa del régimen transitorio (60 % en P1 hasta el 31 de diciembre de 2028, 70 % en P1 entre 2029 y 2031, 80 % con correlación horaria desde 2031) y la obligación de habilitarse «para participar sin retribución en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, el SRAP, gestionado por Red Eléctrica» están en El Periódico de la Ingeniería. Que los centros de datos no cobren por el SRAP a diferencia de la gran industria y sean los primeros en ser desconectados, y la fecha de remisión al Consejo de Estado (26 de octubre de 2026, con carácter de urgencia) con el objetivo de aprobación antes del 29 de noviembre, son de Roams y de ChannelPartner, que añade la pérdida definitiva de los permisos de acceso a la red por incumplimiento grave. El PUE transitorio de 1,25 hasta el 31 de diciembre de 2031 para quien formalice el contrato ATR antes del 1 de enero de 2029, la ventana de adicionalidad de 36 meses, el PPA mínimo de 6 años, la admisión del almacenamiento, la entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE y que los requisitos de soberanía digital apliquen con independencia de la potencia, con los datos de los sistemas de categoría ALTA del ENS dentro de la UE, salen del análisis «Centros de Datos: ¿Qué ha cambiado en el borrador de Real Decreto?» de Ashurst Perkins Coie. La admisión de soporte técnico remoto desde terceros países cuando sea estrictamente necesario está recogida por Europa Press vía Infobae. Que el permiso de acceso flexible de tipo 3 exija estar habilitado en el sistema de reducción automática de potencia durante toda la vigencia del permiso es de la resolución de 31 de julio de 2026 de la CNMC, en desarrollo de su Circular 1/2024, y es anterior e independiente de este real decreto. El porcentaje exacto exigido en horas llano (P2) no coincide entre las fuentes consultadas y por eso no damos cifra. Los catorce minutos del simulacro de recuperación completa son un dato interno de everyWAN: es una prueba cronometrada, no una garantía contractual. La fotografía de la imagen social es «Pueblo Chemical Agent-Destruction Pilot Plant Standby Diesel Generator», de PEO ACWA (Program Executive Office, Assembled Chemical Weapons Alternatives), CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons, recortada por nosotros.